Fuente: El Mundo Baleares – Autor: Enrique Fueris – Lunes, 15 julio 2019

Una cuarta parte de las multas por fondear sobre posidonia no prosperó

Los expedientes se quedan en la cuneta por defectos de forma o porque el instructor no observa infracción / Juristas ven complicado probar el fondeo ilegal y bastante factible burlar la sanción

Una cuarta parte de las multas por fondeos sobre posidonia se ha ido a pique antes de su cobro. De los 48 expedientes sancionadores abiertos desde la aprobación del decreto de protección el verano pasado solo 36 se han resuelto de manera satisfactoria para el Govern, esto es, con el cobro efectivo de la multa; el resto, un total de 12, se ha quedado por el camino por defectos de forma o bien porque el instructor no apreciaba la infracción.

El servicio de vigilancia de la posidonia efectuó un total de 50.467 actuaciones a lo largo de la temporada pasada. Se informó o asesoró sobre el fondeo a 45.218 embarcaciones y se instó a un total de 5.249 a moverse y fondear en otro lugar. Solo se abrieron 42 expedientes sancionadores, ocho más que en 2017 (cuando se puso en marcha por vez primera el dispositivos de vigilancia, un año antes de la aprobación del decreto). Una cifra exigua en todo caso en comparación con el volumen total de actuaciones que mereció las críticas de las asociaciones ecologistas, quienes pusieron en tela de juicio la eficiencia de una normativa que no va acompañada de una acción sancionadora significativa contra los infractores.

Por un lado, únicamente los agentes medioambientales cuentan con competencia sancionadora -no así las embarcaciones de vigilancia e información- y el número de salidas de este cuerpo se redujo a 110: la falta de medios y de personal suficiente ha sido motivo de queja constante por parte de estos profesionales. Por otro lado, el actual conseller de Medio Ambiente -por entonces director general de Biodiversidad y Espacios Naturales-, Miquel Mir, reconocía que el objetivo principal de estas primeras campañas debía ser sobre todo «asesorar y crear conciencia ciudadana acerca de la importancia de la posidonia para el medio ambiente». Si el número de expedientes sancionadores abiertos ya era reducido, la evolución de estos procesos ha acabado dejando a gran parte de los mismos en la cuneta.

El presidente de la Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas de Baleares (APEAM), José María Jiménez, cree que es relativamente factible para una embarcación esgrimir argumentos exonerantes en determinadas situaciones de fondeo. «En el mar lo primero que prevalece es la seguridad y la Ley de Seguridad Marítima establece que se puede fondear en cualquier sitio si existe una situación de peligro». En ese sentido, señala que el patrón de la embarcación puede alegar a posteriori la existencia de un peligro en el momento del fondeo, algo tan difícil de probar en todo caso como su inexistencia.

Por otra parte, considera que no puede haber una actuación sancionadora si no está respaldada por una cartografía que informe a los navegantes de la situación exacta de las praderas de posidonia (precisamente una de las condiciones que el Consell Consultiu reclamaba alGovern antes de aprobar el decreto). «Hay que hacer las cosas con criterio y hace falta una app que informe sobre dónde está la posidonia», sostiene.

León Von Ondarza, abogado especialista en derecho marítimo y náutica (y que lleva entre otros el recurso interpuesto por las asociaciones de navegantes contra el decreto), opina que «tiene que resultar muy complicado acreditar que se ha cometido una infracción», teniendo en cuenta el obstáculo añadido, apunta, de que «la legislación estatal no establece ninguna prohibición». La dificultad radica en atar bien el expediente, «con pruebas claras y todo bien documentado». No siempre se dispone de grabaciones o documentos similares que acrediten sin ningún género de duda la infracción (pese a la existencia, eso sí, de plataformas digitales de seguimiento de embarcaciones que permiten comprobar los puntos de fondeo).

Biel Dols, presidente de la Asociación de Navegantes Mediterráneo (ADN), cree que en cualquier caso la mayoría de sanciones se dirigen a embarcaciones de bandera extranjera, ya que «la gente de aquí sabe qué es la posidonia y dónde está y suele tener cuidado». También involucrado en el contencioso contra elGovern por el decreto, Dols considera que «el gran problema» de los fondeos ilegales son «los megayates que vienen de otros países», no las pequeñas embarcaciones locales.

Una visión más o menos compartida por el experto en biodiversidad del GOB, Toni Muñoz, quien insiste en que se debe tener «tolerancia cero» con cualquier patrón que fondee ilegalmente, una responsabilidad extensible «también a la empresa que alquila la embarcación». Muñoz ha estado insistiendo en la necesidad de dotar de competencia sancionadora a todas las embarcaciones del dispositivos de vigilancia, puesto que «informar no es suficiente». Es más, subraya que ya ha habido dos veranos de información y que ahora se debería reclamar más mano dura a la Administración. Con todo, asegura que desde su percepción «parece que se fondea menos que antes sobre posidonia», por lo que parece que al menos la campaña informativa va surtiendo efecto.

Jaume Adrover, de Terraferida, comparte con Muñoz que «se ve una mejora» en ese sentido: «El problema se ha visibilizado más y eso es positivo». No obstante, insiste en que «es insuficiente: faltan medios humanos, materiales y técnicos -como la cartografía, una app que debería tener todo el mundo en el móvil-; sin esos recursos llegaremos tarde».